La causa judicial por el servicio de estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán sumó un nuevo capítulo. Tecno Agro Vial (UTE) presentó un recurso de casación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo buscando revocar la sentencia de nulidad. Los demandantes, en tanto, apelan a la inadmisibilidad del recurso y a los argumentos que motivaron el fallo en primera instancia. Es en este marco donde el debate sobre los “cuidacoches” resurge, dados los cuestionamientos sobre la legitimación de la actividad informal.
En junio, las juezas Ana María José Nazur y Felicitas Masaguer resolvieron hacer lugar a los fundamentos del amparo colectivo considerando que la empresa Tecno Agro Vial estaba concursada al momento de formular la oferta al municipio, violando así una de las condiciones del pliego. Ante esto, la UTE, representada por el abogado Esteban Galvaire Monroy, solicitó la revisión judicial del fallo considerando que “contiene infracciones de derecho de índole formal y sustancial como de vicios de arbitrariedad, quebrantamiento de la lógica y absurdidad”.
En detalle, la ex adjudicataria del servicio del estacionamiento pago apuntó a la improcedencia de la acción de amparo colectivo, porque considera que los afectados que efectuaron las demandas “no configuran una ‘clase’ ni intereses homogéneos” para la habilitación del recurso.
Estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán: la ex concesionaria busca que la Corte resuelva el conflictoAdemás, Tecno Agro Vial reclamó que hubo una intromisión judicial en el principio de autonomía municipal. “La sentencia deja en evidencia que, a partir del fallo de Cámara, cualquier accionar de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán podrá declararse nulo ante la simple interposición de una demanda, sin la necesidad de acreditar los requisitos de procedencia de la acción de clase y/o acreditar fehacientemente la lesión a los derechos colectivos individuales homogéneos”, fundamentó Galvaire Monroy.
Al recurso de casación de la UTE le siguieron los argumentos en contra, de parte de Fodecus, de la Defensoría del Pueblo y de los “cuidacoches”. También la Municipalidad capitalina respondió a la apelación.
La organización de usuarios a cargo de José Hermenegildo García planteó que la ley “no exige un número o porcentaje mínimo de personas para exigir la defensa jurisdiccional de los intereses colectivos”. Y defendió que “todos los actos administrativos estatales, incluidos los realizados por el municipio, son susceptibles de ser sometidos al escrutinio jurisdiccional a pedido de parte”.
El futuro del estacionamiento pago, a la espera de una decisión de la empresa respecto del falloEn tanto, la Defensoría del Pueblo, mediante los representantes Guillermo Anabia y Adelmo Rosello, distinguieron que “el solo cumplimiento del pliego, la falta de publicidad del proceso y las limitaciones impuestas por la licitación demuestran que se ha violado el procedimiento de la adjudicación y se concretó un evidente perjuicio patrimonial a los usuarios”.
El trabajo informal
La abogada Ingrid Lausberg, representante de los “cuidacoches”, fundamentó que los trabajadores “representan un colectivo en situación de vulnerabilidad estructural, económica y social” y que le corresponde al Estado “aplicar estándares reforzados de protección” para los mismos, dado que en este caso existió una “vulneración de derechos humanos” para los representados.
Allí es donde los planteos con la Municipalidad se cruzan. La administración capitalina, a través del fiscal municipal Conrado Mosqueira, manifestó que “no existe norma alguna que reconozca a los ‘cuidacoches’ derechos adquiridos sobre el uso de la vía pública, y menos aún un derecho subjetivo susceptible de ser tutelado en sede judicial frente a una política pública legítima”. Por otro lado, la Capital reiteró la potestad constitucional del municipio y remarcó que no hubo mala fe ni arbitrariedad. “Si hubo alguna mácula, provino de la conducta reticente de la adjudicataria, que desnaturalizó la simetría de información exigible en estos procesos”, aseveró.
Si la Cámara hace lugar al recurso de casación, el expediente será enviado a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.